De nuevo la connivencia de políticos del PP, PSOE… para saltarse la ley, incumplir las sentencias judiciales y favorecer intereses espurios… Es una constante de la historia de España de la transición, línea continuada de pretéritos tiempos en donde el trapicheo, la corrupción, la incultura y lo zafio eran ley y orden.
Un espacio protegido por leyes internacionales, Valdecañas, – integrado en la Red Natura 2000 – se transforma, por la Junta de Extremadura al mando del oligarca del PSOE Juan Carlos Rodríguez Ibarra – y más tarde prosigue el oligarca del PP José Antonio Monago Terraza – en espacio urbanizable favoreciendo una empresa privada Valdecañas Medical SPA S.L. que pretende desarrollar un proyecto urbanístico de lujo – Marina Isla de Valdecañas – para las elites del país- banqueros, políticos, artistas …
El suelo que ocupa el lujoso complejo residencial y de ocio formaba parte de la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas y de la masa de agua declarada LIC (lugar de importancia comunitaria) denominada Márgenes de Valdecañas, por la Unión Europea.
En 2005 emepezó la contrucción a cargo de José María Gea, contructor en los 90 del complejo onubense de Islantilla, comercializado por Beltrán Gómez-Acebo y Jaime López-Ibor.
En el 2007 el gobierno de Extremadura aprueba el proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas …
En 2007 no solo se modifica la Ley del Suelo de Extremadura para dar mejor cabida del ignominioso proyecto, sino que además se adoptan fundos públicos para el apoyo de la constructora. PSOE y PP unen sus fuerzas para modificar la ley del Suelo de Extremadura con el apoyo unánime de la camera regional.
Los ecologistas – Ecologistas en Acción y Adenex – recurren el proyecto y cuatro años después, en marzo del 2011, el (TSJE) (rectificada por el Tribunal Supremo en enero 2014) les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región (PIR) – ley 9/2011 – para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario económico Expansión, tienen casas, directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.
Con esta sentencia, en cualquier país de nuestro entorno europeo, y no solo, esto sería el final del proyecto y con toda seguridad la apertura investigaciones judiciales sobre políticos y empresas que, sin duda, acabarían con unos cuantos en prisión.
Pero España es diferente, un país de pandereta, macarras políticos y depredadores de lo público; a pesar de la sentencia el proyecto, al igual que Algarrobico, Hotel Talaso Atlántico en Galicia, entre muchas otras, sigue su construcción …
La Junta recurrió al Tribunal Supremo, y posiguió la construcción y venta de chalets en una política de hechos consumados.
En febrero del 2014 el TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI. Nuevas alegaciones de la Junta orientadas a ir ganando tiempo y llegar a una situación en la que el derribo de la urbanización sea tan caro debido a las millonarias indemnizaciones que no se lleve a cabo.
2019.- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) pide a la Estación Biológica de Doñana un informe sobre las cuestiones ambientales que rodean el caso de la urbanización ilegal de la Isla de Valdecañas, y este acaba siendo demoledor y desmontando uno por uno los argumentos que alegó la Junta sobre el perjuicio ambiental (¿?) que supondría ahora la demolición “Mantener el complejo en su estado actual (…) es la opción más perjudicial para la ZEPA”, “la demolición seguida de la restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo”, afirma el informe; también desarma la presunta preocupación de la Junta sobre las emisiones de CO2 que provocaría el desmantelamiento: “mantener el complejo generaría una huella de carbono al menos 29 veces mayor… que la demolición”. Declara “Zona de Especial Protección para las Aves” y, por tanto, en un espacio incluido en la Red Natura 2000.
El 9 de Abril del 2019 la Sala del contencioso administrativo recuerda que una ley autonómica no puede contradecir a una nacional, y considera que el párrafo de la ley 9/2011 antes citado «vulnera la normativa básica del Estado». Y lo mismo ocurre con la disposición adicional única, que básicamente regula el procedimiento a seguir para poder acogerse al artículo 11. Según el TSJEx, la norma que salvó el PIR de Isla Valdecañas es contraria a los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1 de la Constitución, que abordan cuestiones como el derecho a la tutela judicial efectiva o la competencia exclusiva del Estado para regular condiciones que garantizan la igualdad entre los españoles.
También afirma que esa ley que aprobó la Asamblea de Extremadura «tiene la finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias del TSJEx y el Supremo».
Han pasado 12 años, varias sentencias, cambios políticos, pero Valdecañas al igual que Hotel Talaso, Algarrobico, el Mar Menor y otras muchas salvajadas ecológicas singuen en pie demostrando que en este país la justicia y la ley poco importan cuando se trata de intereses económicos respaldados por políticos y partidos corruptos, sentenciados en firme.
Pero todo ello también dice muy poco sobre la integridad moral de unos ciudadanos que, con su voto, y en muchos casos manifestación pública, los siguen apoyando…
