Algarrobico: la dejadez de los políticos, de los gobiernos, del estado y de la justicia en un país de pandereta

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Parque Natural de Cabo de Gata – espacio protegido desde 1987

1987.- El municipio Almeriense de Carboneras aprueba las normas subsidiarias que declaran zona urbanizable el terreno en el que posteriormente se asienta el hotel

2003.- La empresa Azata del Sur consigue licencia de obras para construir un complejo hotelero en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería). El hotel debería contar con 21 plantas y 500 habitaciones inicia las obras.

2005.- Se dicta una Orden Ministerial que establece el deslinde de costas pendiente desde Carboneras, ayuntamiento del que depende El Algarrobico, hasta Mojácar, en aplicación de la Ley de Costas de 1988, que establece una servidumbre de protección de 100 metros desde el rompiente de las olas.

2006.- Se dicta una medida cautelar contra la construcción del hotel por denuncia de Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, que señalan la zona urbanizada como de máxima protección ambiental. El trabajo se había completado en un 95 por ciento: veinte plantas a 50 metros del mar.

2006.- Julio. La Junta de Andalucía aprueba la resolución del derecho de retracto por el valor de 2,3 millones de euros.

2008.- Un juzgado de Almería dicta sentencia sobre la licencia de obras por incurrir en infracción urbanística. Dictamen que se recurre en el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que restablece al paraje de El Algarrobico su condición de «espacio protegido no urbanizable». La Audiencia Nacional sentencia que el complejo hotelero se levanta en una zona protegida.

2011.- El ex presidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, y la ex ministra socialista de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, acordaron que los gastos de la demolición correrían a cargo del Gobierno Central y los del reciclaje de los escombros y la restauración del paraje, a cargo de la Junta.

2012.- El Supremo confirma que el hotel viola la Ley de Costas, al invadir de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. El TSJA restablece la zona donde se construye el hotel como espacio protegido no urbanizable. La promotora recuerda que cuando adquirió los suelos el proyecto cumplía con toda la normativa vigente.

2014.- El TSJA declara legal la licencia de construcción del hotel construido en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar además de invadir los 100 metros de servidumbre de protección de la costa.

2015.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deniega al Gobierno Andaluz de Susana Díaz la autorización para entrar y tomar posesión de El Algarrobico en cumplimento del derecho de retracto que ejerció en 2006.

2016.- El Tribunal Supremo estimó los recursos de Greenpeace y de la Junta de Andalucía, declarando el área como ambientalmente protegida no urbanizable y fallando a favor del derecho de retracto sobre los terrenos en los que se ubica el hotel.

2017.- diciembre se celebró por última vez la comisión mixta Junta-Estado que debe coordinar la demolición del inmueble. En su última reunión se analizó la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obligaba al Gobierno andaluz, que entonces presidía Susana Díaz, a iniciar un pleito por vía civil para conseguir la inscripción registral a su nombre de las fincas que componen el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel.

2017.- Greenpeace vuelve a acudir a los tribunales para agilizar los tramites

2018.- La Junta socialista y el Gobierno Central popular manifiestan al diario eldiario.es que el acuerdo tomado el 2011 entre la Junta y el gobierno seguía “vigente” y que se mantenía el “compromiso” de derribarlo.

2019.- Enero La promotora del hotel de Azata en el Algarrobico traslada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la licencia municipal de obras que se le concedió en 2003 para edificarlo “sigue en vigor” conforme tanto a la normativa urbanística como al planteamiento vigente, por lo que “no puede ser demolido”.

2019.- noviembre. El Defensor del Pueblo Andaluz lleva la queja al Parlamento de Andalucía sobre la falta de respuesta reiterada de la junta de Andalucía desde el 2017, a sus requerimientos para que informe sobre cómo y cuándo va a formalizar el derecho de retracto sobre el Algarrobico.